Creado en 20/04/2015. Autor: Juan Arana
Para dar al ciudadano y a la propia Universidad los servicios de administración electrónica (AE) preferimos el uso de infraestructuras comunes, aplicaciones y servicios públicos.
Algunas ventajas de esta política son evidentes: evitar duplicidades, participar en economías de escala, promover la cooperación entre las administraciones para mejorar el soporte y reforzar su evolución, crear foros de usuarios y de empresas que desarrollan soluciones. Existen también algunas desventajas que creemos que, en el caso de AE, son menores.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas anuncia bastantes infraestructuras comunes. Una política que desde UNIZAR se aplaude.
Este uso viene respaldado por diversas normas, una de las más recientes es Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (llamado también Decreto de gobernanza TIC) y por declaraciones políticas al más alto nivel como ésta del presidente Rajoy de 19 febrero de 2015 cuya transcripción se puede encontrar aquí.
UNIZAR usa varias de ellas: entre otras @firma, sello de tiempo, el punto general de entrada de facturas electrónicas y el cliente de generación de facturas efactura, el validador de certificados electrónicos y generador de firmas. Pronto usará el Portafirmas, el servicio de verificación y consulta de datos que contribuirá a evitar que el ciudadano tenga que presentar documentos emitidos por otras administraciones.
UNIZAR desearía utilizar otras, como el sistema integrado de registro GEISER que permite intercambiar registros entre las administraciones prescindiendo del correo postal y del papel, el sistema de autenticación Cl@ve que hará innecesario, en ciertas condiciones, el certificado electrónico o el sistema de gestión documental que facilitará la gestión documental integramente electrónica de los expedientes administrativos adecuándose al esquema nacional de interoperabilidad que facilita el intercambio de documentos entre las administraciones.
Pero en estos últimos casos las declaraciones políticas de disponibilidad se contradicen con la realidad. La autorización de uso (y un cierto soporte para resolver los problemas) no llegan después de bastantes meses de haber sido pedidas formalmente.
Asi que seguimos insistiendo y buscando soluciones alternativas para ir mejorando.
Oferta de estudios
Perfiles
Añadir nuevo comentario